La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado un proyecto de reformas que, de ser aprobado por el Congreso, modificaría disposiciones clave de la Ley de Inversión Extranjera (LIE), lo que modificaría sustancialmente el panorama regulatorio de la inversión privada en México, particularmente en los sectores de energía, minería, tecnología, datos y otros sectores estratégicos (la Propuesta).
La Propuesta representa la reforma más significativa al marco legal de inversión extranjera de México en décadas e introduce, por primera vez, un mecanismo estructurado de evaluación de seguridad nacional con procedimientos definidos, plazos y consecuencias en caso de incumplimiento. Los inversionistas con exposición actual o potencial en México —en los sectores de energía, telecomunicaciones, tecnología, infraestructura de datos y sectores relacionados— deben evaluar las implicaciones de la Propuesta de manera prioritaria.
Antecedentes
La actual LIE de México otorga a la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (la Comisión) la facultad de bloquear adquisiciones extranjeras por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, esa facultad se ha ejercido históricamente dentro de un marco de desarrollo económico —evaluando criterios como el impacto en el empleo, la contribución tecnológica, el cumplimiento ambiental y la competitividad productiva— en lugar de hacerlo desde una perspectiva específica de seguridad nacional. La ausencia de parámetros claros para la revisión en función de seguridad nacional ha significado que, en la práctica, esta facultad rara vez se haya aplicado.
La Propuesta busca corregir esta situación mediante la introducción de un mecanismo de evaluación basado en normas, que se inspira en los principios de la OCDE de no discriminación, transparencia, proporcionalidad y rendición de cuentas. Al hacerlo, México se suma a un número cada vez mayor de jurisdicciones —entre ellas Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Australia— que han establecido regímenes formales de evaluación de inversiones. El marco estadounidense, administrado por el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS), es quizás el más desarrollado de todos ellos y ha servido como punto de referencia para los reguladores de todo el mundo, incluso, podría decirse, en el diseño del nuevo régimen propuesto por México.
La actual LIE exige que los inversionistas extranjeros que deseen adquirir o poseer más del 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana obtengan una resolución favorable de la Comisión cuando la empresa objetivo:
- opere en determinados sectores especificados (incluida la navegación interior y costera), o
- cuente con activos totales que superen aproximadamente los 1,600 millones de dólares estadounidenses.
La Propuesta amplía sustancialmente el alcance de estos requisitos de autorización, introduciendo cambios significativos tanto en los umbrales como en la gama de transacciones sujetas a revisión por parte de la Comisión.
Nuevas autorizaciones obligatorias
La Propuesta introduce un marco de evaluación ampliado y detallado, de múltiples etapas, para ciertas inversiones extranjeras directas o indirectas en México. Ahora se requerirá la autorización previa obligatoria de la Comisión cuando:
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Un inversionista extranjero adquiera, directa o indirectamente, más del 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana.
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Los activos totales de la empresa objetivo superen un umbral (actualmente sin determinar), que deberá establecer el CNIE en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Propuesta.
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La empresa objetivo opere en un sector sensible designado, tales como:
- Infraestructura estratégica —ya sea física o virtual— que abarque energía, transporte, salud, comunicaciones, minería, procesamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial y defensa, así como terrenos y bienes inmuebles relacionados.
- Tecnologías críticas y productos de doble uso —incluidos la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, el almacenamiento de energía, las tecnologías cuánticas y nucleares, las nanotecnologías y las biotecnologías.
- Insumos fundamentales —incluidos la energía, las materias primas y la seguridad alimentaria.
- Información sensible —que incluye expresamente los datos personales y la capacidad de controlarlos.
- Otros sectores análogos que pueda designar la Comisión.
Estas categorías son similares las categorías analizadas por el CFIUS —que abarca empresas involucradas en tecnología crítica, infraestructura crítica y datos personales sensibles— y, de manera similar, se extiende a sectores en los que incluso una participación extranjera minoritaria o indirecta podría involucrar “asuntos de seguridad nacional”.
El alcance de la Propuesta, particularmente en relación con el procesamiento de datos, la infraestructura digital, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, implica que un número significativo de transacciones intensivas en tecnología y datos podría estar ahora sujeto a revisión obligatoria.
Puntos clave a considerar
Definiciones sectoriales amplias y abiertas
La lista de sectores cubiertos es deliberadamente amplia e incluye una cláusula general que abarca actividades “análogas” que designe la Comisión. Los inversionistas enfrentarán una incertidumbre significativa hasta que la Comisión publique el umbral de activos y más orientación sectorial —un proceso que podría tomar hasta 180 días a partir de la entrada en vigor de la Propuesta.
No hay aprobación tácita: el silencio implica negativa
Esta es quizás la diferencia más significativa desde el punto de vista operativo con respecto a la práctica mexicana vigente. En las presentaciones estándar ante la LIE, la inacción gubernamental da lugar a una aprobación tácita (afirmativa ficta). Con la Propuesta, se aplica lo contrario: si la Comisión no emite una decisión dentro del plazo aplicable, se produce una negativa ficta. La regla de la negativa ficta modifica fundamentalmente el perfil de riesgo de las transacciones afectadas y debe reflejarse en la estructura de la operación desde el inicio.
Implicaciones sustanciales para fusiones y adquisiciones
La aprobación de la Comisión deberá tratarse como una condición regulatoria de cierre en las transacciones pertinentes, de la misma manera que la autorización del CFIUS se ha convertido en una condición estándar en las operaciones sujetas a derecho estadounidense. Las partes deben tomar esto en cuenta al establecer los plazos de la operación, las fechas límite, los compromisos regulatorios y las disposiciones de asignación de riesgos relacionadas con medidas de mitigación o la prohibición total.
Exposición a multas administrativas significativas
Completar una transacción sin la aprobación requerida, o incumplir las medidas de mitigación impuestas por la Comisión, conlleva sanciones de hasta 200,000 veces la UMA (unidad de medida y actualización), lo que actualmente equivale a aproximadamente 1.3 millones de dólares estadounidenses.
Discrecionalidad administrativa e incertidumbre de ciertas definiciones
Conceptos como «riesgo para la seguridad nacional» e «infraestructura estratégica» están sujetos a una interpretación intrínsecamente discrecional. El nuevo régimen legal entraría en vigor con definiciones ambiguas de conceptos jurídicos clave y sin un conjunto sólido de precedentes, lo que significa que los inversionistas se enfrentan a un período de considerable imprevisibilidad en cuanto a los resultados de las revisiones y al riesgo de una aplicación inconsistente.
Implicaciones en los tratados internacionales
Dado que los cambios introducidos en la Propuesta se aplican exclusivamente a la inversión extranjera, esto plantea posibles preocupaciones en materia de trato nacional y nación más favorecida (NMF) en el marco de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio aplicables —incluido el T-MEC—. En caso de que el proceso de revisión de la Comisión diera lugar a un trato inconsistente entre las distintas nacionalidades de los inversionistas, podrían surgir preocupaciones adicionales en materia de NMF. Los inversionistas deben evaluar su situación en relación con los tratados y la disponibilidad de mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados.
Próximos pasos
La Propuesta aún debe ser debatida y aprobada formalmente por el Congreso de México. Anticipamos que, si la Propuesta se promulga, la legislación y los reglamentos de aplicación aborden parte de la incertidumbre que ésta introduciría. Por ejemplo, la Comisión deberá establecer y publicar el umbral de activos que activará las nuevas obligaciones de presentación obligatorias.
Seguiremos monitoreando el proceso legislativo y publicaremos notas adicionales a medida que la Propuesta avance en el proceso de aprobación.
Si bien se espera que el Congreso apruebe la Propuesta, dada la mayoría legislativa actual que ostenta el partido gobernante, esta situación podría cambiar en el corto plazo, ya que las elecciones de mitad de mandato están programadas para el próximo año en México. En caso de que el partido gobernante perdiera su mayoría en el Congreso, es probable que la Propuesta represente una de las últimas reformas significativas y controvertidas que la Presidenta podría promulgar sin el apoyo de otros partidos.
Si la Propuesta se publica y entra en vigor, las partes afectadas tendrán derecho a impugnar cualquier disposición que se considere inconstitucional o incompatible con los tratados internacionales de los que México es signatario. Las acciones legales disponibles para dichas partes deberán evaluarse caso por caso.
Nuestros equipos de la Ciudad de México y a nivel mundial cuentan con amplia experiencia en el asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones transfronterizas, así como en inversiones en energía e infraestructura en todos los sectores que podrían verse afectados por la Propuesta —incluidos los de energía, minería, servicios financieros y tecnología de punta—. Nuestro asesoramiento incluye habitualmente el desarrollo y la implementación de estructuras de transacción que aborden el riesgo regulatorio multijurisdiccional.